Desde un punto de vista contable, los malagueños llevan
desde el año 2000 sin abonar la tasa de basura, hasta entonces vinculada
al recibo del agua. Pero una cosa es que la factura no le llegue al
buzón cada mes y otra bien distinta que le salga gratis. Las arcas
municipales, que a fin de cuentas se engordan con el bolsillo de los
contribuyentes, destinarán este año 85.950.000 euros a intentar mantener
la ciudad en perfecto estado de revista, lo que equivale a 150 euros
por cada uno de sus 575.322 vecinos empadronados. Ésa es la cuantía que
Limasa recibirá del Ayuntamiento de Málaga, que además de poseer el 49%
de sus acciones también es su único cliente. Por este montante, la
empresa mixta cuya parte privada está liderada por FCC y Urbaser se
encarga de la limpieza viaria (45,2 millones), la recogida de la basura
(22,7) y el tratamiento y eliminación de los residuos (18).
Con Limasa siempre en el punto de mira tanto por el
estado en el que se encuentran las calles de la ciudad como por las
amenazas de huelga cada vez que surge un conflicto laboral, SUR ha hecho
un repaso por el resto de capitales similares en tamaño en el que los
números no dejan lugar a dudas. En términos absolutos solo está por
encima Sevilla, mientras que en términos relativos en función de la
población, los malagueños son los que más pagan por el servicio de
limpieza. En el otro extremo se encuentra Zaragoza, donde pese a tener
cien mil habitantes más el proceso completo de limpieza, recogida y
tratamiento le cuesta al Ayuntamiento 58,1 millones anuales (85,2 euros
por habitante). Algo más les sale a los valencianos (96,5 euros), muy
lejos de los 123 de Bilbao y los 129 de Murcia. En todos los casos, los
servicios son prestados por empresas privadas, mientras que en Sevilla
la aportación del Ayuntamiento a la sociedad pública Limpasam es de 87,8
millones (125 euros por ciudadano).
La explicación de este mayor coste en Málaga, según
fuentes municipales, radica en el propio carácter mixto de Limasa y en
el hecho de que la parte privada la conformen varias compañías
competidoras entre sí como son FCC y Urbaser, dos entidades que están
presentes en buena parte de las ciudades españolas (en el accionariado
también figuran Sando y Unicaja, aunque con una participación
minoritaria). En cuanto al primer argumento, esgrimen que mientras las
empresas privadas llevan años recortando en salarios para abaratar
costes, las sociedades con capital público no solo han empezado más
tarde a meter la tijera, sino que además se están encontrando con la
dificultad de menguar unas cargas salariales infladas en la época de
bonanza. En el caso concreto de Limasa, y a falta de los ajustes que se
puedan aplicar en el nuevo convenio colectivo que se está negociando, la
realidad es que dos tercios del presupuesto de la entidad se lo comen
las nóminas de los 1.250 empleados fijos más las de los 360 eventuales
que trabajan los fines de semana y en periodos vacacionales. De ahí que
la reducción del capítulo de personal sea el principal objetivo de la
dirección de Limasa para ajustarse a la rebaja de seis millones sufrida
por el presupuesto de la entidad para este año.
Comentarios
Publicar un comentario